El Viceministerio de Transportes del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), la Dirección General de Transportes (DGT) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), participaron en una mesa de trabajado integrada por diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República.
En dicha mesa de trabajo autoridades de la DGT presentaron a los congresistas cuáles son las condiciones en la que se encontró la Dirección, qué trabajo se ha hecho y cuáles son los planes para fortalecer la institución.
Durante la reunión algunos diputados señalaron que se habían reunido con transportistas y que esos les habían indicado que existían más de 40 mil solicitudes de licencias de transporte extraurbano pendientes, situación que fue aclarada por Elizabeth Velásquez, directora General de Transportes.
La funcionaria indicó que si bien es cierto que hay una presa de expedientes pendientes que suman por todos los procesos 7,401 expedientes, específicamente de líneas nuevas son 3,311 expedientes.
“Se empezó a tramitar licencias de turismo dado la época que se viene de Semana Santa.
Están pendientes los buses de pasajeros que es la siguiente presa que se atenderá y que ya se tiene la coordinación con el personal de cómo se podrá resolver”, precisó la directora a periodistas.
Velásquez agregó que se tiene una estructura organizacional de ocho personas que resuelven expedientes —oficiales— y que se busca ampliar el personal para poder atender de mejor forma los trámites.
Certificado de funcionalidad
Otra de las dudas expuestas por los legisladores durante la reunión fue el supuesto cobro de Q3,500 por obtener una certificación de funcionalidad para los buses extraurbanos.
“Nadie hace un cobro, eso lo puedo asegurar y lo aclaramos con los diputados. Hemos dicho constantemente que erradicar la corrupción que ha existido durante décadas en la DGT es una de las principales tareas de esta administración”, argumentó la directora.
Reafirmó que nadie está cobrando por llevar a cabo cualquier trámite y explicó a qué a lo que se refirieron los diputados es que los transportistas están interesados en poder circular buses mayores de 25 años de antigüedad.
“En ese marco propusieron que se eliminará esa restricción del reglamento, pero por la seguridad de la población se hizo una propuesta de una potencial certificación que garantice que el bus se encuentra en un estado eficiente y que puede prestar un servicio seguro y digno para la gente”, declaró la directora.
Agregó que “el costo de esa certificación no está determinado, ni dirigido a ninguna empresa, sino que hay un consejo internacional de empresas certificadoras que lo podrían brindar y que sería asunto de cada uno de los porteadores o transportistas buscar a la empresa que los pueda certificar”.
“Esto es una propuesta planteada y esperamos la contrapropuesta de los transportistas”, concluyó Velásquez.
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